Ahora hay un clima de tensa calma que a veces parece irreal. «Entre los ciudadanos reina la cautela y el miedo. Se tiene la percepción de que el Gobierno ha reaccionado con bastante rapidez». Y cuando dice «cautela y miedo», monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez, obispo de Vera Paz, con sede en Cobán, y presidente de la Conferencia Episcopal Guatemalteca, quiere decir que en Ciudad de Guatemala, capital de la nación centroamericana, la gente todavía tiene miedo de salir de casa, a pesar de que decenas de policías y soldados antidisturbios patrullan barrio por barrio en busca de los miembros de las bandas criminales que han asesinado a diez policías en emboscadas terroristas después de que, el domingo pasado, algunos miembros de las bandas criminales, recluidos en tres prisiones diferentes, provocaran disturbios que fueron sofocados por las fuerzas del orden.
Controles específicos
Las crónicas de estas horas cuentan que entre los más de doscientos detenidos, que han caído en las redes de las restricciones y controles impuestos por el estado de emergencia aprobado por el Parlamento durante 30 días, hay al menos una veintena de afiliados al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha, dos de las bandas más poderosas que dominan con violencia el país. Y que controlan sobre todo el departamento de Guatemala y la capital. Los motines en las cárceles, orquestados por las bandas en un intento de conseguir un régimen penitenciario más blando para sus compañeros, pueden producirse sobre todo por una razón, denuncia a los medios vaticanos el presidente de la Conferencia Episcopal: «Porque las prisiones están en manos de la misma delincuencia. Los miembros de las bandas controlan las cárceles, hay agentes penitenciarios corruptos. Y también un sistema judicial viciado que, en esos centros de detención, no hace cumplir la ley».
Intereses ocultos
Lo que enfurece a las bandas son los controles policiales y el intento de represión que provocan reacciones violentas contra el Estado, idénticas a las que se produjeron a principios de esta semana. «Como dijo nuestro presidente, César Bernardo Arévalo de León, «sabemos quién está detrás: grupos que se benefician de la corrupción y se niegan a dejarnos vivir, como país, en la transparencia y la justicia». En el fondo, los culpables no son solo los miembros de las bandas criminales, sino también los intereses económicos e ideológicos que hay detrás de ellos».
Mal generalizado
Tras hacer un llamamiento a la sensatez y a la paz, y expresar su voluntad de apoyar a las familias de los policías asesinados, los obispos pidieron a las autoridades que mantuvieran las promesas hechas durante la campaña electoral: luchar por todos los medios contra el mal generalizado de la corrupción. Monseñor Valenzuela no teme afirmar que «la Conferencia Episcopal considera que el Gobierno tiene graves debilidades, pero que, en cualquier caso, debe ser apoyado en una batalla que, desde el principio, se sabía que sería desigual y difícil contra las oscuras fuerzas políticas y económicas y sus intereses». Para dar fuerza a su razonamiento, el prelado cita el recuerdo de monseñor Juan Gerardi, del padre Hermógenes López, de los misioneros del Sagrado Corazón y de tantos otros religiosos y laicos, víctimas de la violencia en un pasado no muy lejano: «Estas figuras nos animan en un camino de resistencia y esperanza».
Misas suspendidas
En la zona de la archidiócesis de Santiago de Guatemala, donde el martes pasado la policía encontró los cadáveres de tres mujeres, una de ellas embarazada, y dos adolescentes, quizá asesinadas en un ajuste de cuentas entre bandas, la escalada de violencia de las últimas horas ha obligado, según revela monseñor Valenzuela, «la suspensión, por motivos de prudencia, de las celebraciones eucarísticas y las reuniones eclesiásticas nocturnas. En el resto del país, gracias a Dios, las actividades pastorales continúan con normalidad».