Las siguientes declaraciones fueron hechas en el Union League Club el 13 de octubre de 2025
Hoy me han pedido que aborde las cuestiones morales y éticas relacionadas con la deportación masiva de personas indocumentadas que está ocurriendo en nuestro país. Es importante señalar con claridad, como lo reafirmó recientemente el papa León, que la Iglesia reconoce que el Estado tiene el deber de mantener seguros a sus ciudadanos y mantener el orden en sus fronteras. Eso nunca ha sido cuestionado. Lo que está en cuestión, sin embargo, es la obligación que todos tenemos como seres humanos, y como sociedad conformada por seres humanos, de respetar y proteger la dignidad de los demás. Mantener la seguridad de la nación y respetar la dignidad humana no son mutuamente excluyentes. De hecho, una no puede existir sin la otra. Depende de los ciudadanos y de comunidades como la Iglesia el alzar la voz para garantizar que la seguridad de una nación no se logre a costa de violaciones de la dignidad humana.
¿Qué significa respetar la dignidad de las personas indocumentadas? ¿Qué violaciones de la dignidad humana deberían perturbarnos?
En primer lugar, significa respetar a las personas indocumentadas por su trabajo. Significa reconocer que, durante muchos años, quienes han estado viviendo aquí sin estatus legal han contribuido a la sociedad trabajando para mantener a sus familias. Significa ser honestos acerca del hecho de que están aquí no por invasión sino por invitación, durante muchas décadas nosotros como nación hemos enviado el claro mensaje de que queremos y necesitamos su trabajo en empleos que nadie más quiere tomar.
Respetar la dignidad de los trabajadores indocumentados significa respetarlos por su trabajo y su contribución, particularmente frente a las acusaciones de que son un lastre para la economía o de que les quitan trabajo a los ciudadanos. Ese tipo de retórica es tanto errónea como una violación de su dignidad.
Estadísticas recopiladas por el gobierno estiman que los trabajadores indocumentados contribuyen anualmente más de $100 mil millones de dólares en impuestos que financian programas de beneficios para los cuales ellos no son elegibles. La Oficina de Presupuesto del Congreso informó el año pasado que durante la próxima década los trabajadores indocumentados añadirán $1.2 billones a los ingresos federales.
Respetar su dignidad también significa reconocer que la mayoría de las personas indocumentadas aquí han formado familias y han traído al mundo hijos que ahora son ciudadanos de Estados Unidos. Su dignidad como padres debe ser tomada en cuenta antes de que sean arrancados, a la vista de sus hijos ciudadanos, y llevados como criminales. ¿Qué significa para una nación, que a menudo dice que honra y promueve valores familiares, actuar de esta manera?
La dignidad de las personas indocumentadas también se ve violada por tácticas innecesariamente agresivas que van mucho más allá de la tarea de detener a las personas y que tienen la intención de causar miedo, en lugar de cumplir con el noble llamado de la aplicación de la ley. Ninguna persona que trabaje en este importante servicio público debería ser puesta en esta posición. Al hacerlo, corren el riesgo de violar la dignidad de los demás y actuar de esta manera está por debajo de su propia dignidad.
La dignidad de las personas indocumentadas también se viola cuando el gobierno crea una narrativa de que son un peligro para la nación porque algunos delitos son cometidos por inmigrantes. Las estadísticas repetidamente muestran que los ciudadanos tienen más probabilidades de cometer delitos que los no ciudadanos.
Este tipo de narrativa no es nueva. Cuando el presidente McKinley fue asesinado en 1901 por Leon Czolgosz, un polaco-estadounidense, hubo llamados a restringir la inmigración procedente de Polonia y el sur de Europa. Ya hemos pasado por esto antes.
Esta corriente de nativismo ha sido alimentada repetidamente por las llamadas teorías del reemplazo, que avivan los temores de una conspiración para reemplazar a la población blanca y nativa de un país con inmigrantes no blancos, a menudo para obtener beneficios políticos. The Passing of the Great Race (La caída de la gran raza) de Madison Grant fue uno de los libros más influyentes de principios del siglo XX. Afirmaba que los descendientes de los fundadores coloniales de nuestra nación estaban siendo superados en número por grupos inmigrantes y de clase baja “inferior”, particularmente del sur y el este de Europa.
Este sentimiento ganó fuerza con el establecimiento de la Comisión de Dillingham (1907–1911), que sentó las bases para la posterior legislación anti eslava. El informe de la comisión concluyó que los “nuevos inmigrantes” del sur y el este de Europa eran racialmente inferiores a los “antiguos inmigrantes” del norte y el oeste de Europa. Representaba a los recién llegados como no cualificados, propensos al crimen, y una amenaza para la sociedad y cultura estadounidense. Se aprobaron leyes que favorecían a los inmigrantes del norte y el oeste de Europa y al mismo tiempo ordenaban una drástica reducción de la inmigración de países del sur y el este de Europa, especialmente Polonia, reduciendo en 1921 la cuota anual de 31,146 a sólo 6,524. Sin embargo, sabemos el impacto muy positivo que los inmigrantes de esta parte del mundo han tenido en la construcción de nuestra nación y especialmente en hacer de Chicago la ciudad que es hoy.
Sí, la seguridad y el orden en nuestras fronteras deben ser una prioridad, pero deben considerarse junto con la prioridad de proteger la dignidad humana, porque cuando olvidamos esa obligación nos convertimos en un tipo diferente de nación y nos desviamos de las palabras al inicio de nuestra Declaración de Independencia:
Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.