El 29 de enero la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos instó a la administración del presidente Trump a rescindir la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Haití.
El TPS fue autorizado por el Congreso como parte de la Ley de Inmigración de 1990, mediante el cual a personas que han huido de países que experimentan conflictos civiles, desastres ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales”, se les otorgaría estatus migratorio legal y autorización para trabajar siempre y cuando esas circunstancias continuaran impidiendo su regreso seguro a su país de origen. La acción de la secretaria es posterior a su decisión anterior de cancelar el TPS para los venezolanos.
Al poner fin a las protecciones, la secretaria Noem dijo que las condiciones tanto en Haití como en Venezuela habían mejorado y que no era de interés nacional permitir que inmigrantes de los dos países permanecieran en un programa temporal.
Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos continúa incluyendo a ambos países dentro de las advertencias de “Nivel 4: no viajar”. Haití está experimentando un aumento significativo de la violencia de las pandillas, con grupos criminales que controlan la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe. Para finales de 2025, el desplazamiento alcanzó un récord de 1.4 millones de personas.
Actualmente, la inseguridad alimentaria al nivel de hambruna afecta a más de 5 millones de ciudadanos, y la falta de un gobierno estable hace imposible la absorción segura de los retornados. Como concluyó correctamente la USCCB: “Simplemente no existe una oportunidad realista para el regreso seguro y ordenado de las personas a Haití en este momento”.
Del mismo modo, Venezuela continúa sufriendo represión política, un sistema de cuidado de la salud colapsado y una grave escasez de alimentos y medicinas. Los deportados, a su llegada, corren el riesgo de la detención arbitraria o la persecución por parte del Estado, especialmente si huyeron del país por razones políticas.
La revocación del estatus legal de los haitianos estaba prevista para entrar en vigor el 3 de febrero, pero una jueza federal bloqueó por ahora la decisión el 2 de febrero. Si la revocación entrara en efecto, esta decisión convertiría a los residentes “documentados” en “indocumentados”.
Esta situación se complica aún más debido a que miles de personas con TPS tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. La revocación obliga a los padres a elegir entre llevar a sus hijos a una peligrosa zona de conflicto o dejarlos atrás en el sistema de acogida de menores de Estados Unidos. Incluso si las personas recién indocumentadas no abandonan el país de inmediato, pierden su sustento, seguro de salud y sus hogares.
Pero también hay consecuencias económicas para Estados Unidos, ya que estas personas, como todos los grupos de inmigrantes, están profundamente integradas en la fuerza laboral estadounidense, particularmente en sectores esenciales. Por ejemplo, en Florida, los trabajadores haitianos conforman el 20% del personal en las residencias de ancianos y comunidades de jubilados. Poner fin a su estatus crea una escasez inmediata de mano de obra en el cuidado de las personas mayores.
Los haitianos con TPS anualmente contribuyen casi $6 mil millones al producto interno bruto de Estados Unidos y pagan más de $1.500 millones en impuestos. Y en los casos donde el recién indocumentado ha sido el principal sostén económico, los dependientes en la familia que son ciudadanos estadounidenses caerán en la pobreza, aumentando la presión en las redes de seguridad social y caritativa locales y estatales.
La decisión de la secretaria Noem ha sido impugnada ante los tribunales con resultados mixtos. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el mes pasado que la decisión de la administración de rescindir el TPS era ilegal porque el estatuto que lo regula no otorga a la secretaria de DHS el poder de “anular” una extensión anterior. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido que prosigan algunas cancelaciones mientras continúa el litigio. Esto ha dejado a mujeres y a hombres y a sus familias que son beneficiarios del TPS viviendo con miedo y en un estado de limbo legal.
Esta situación resalta de nuevo la necesidad de que nuestros oficiales electos en Washington promulguen una reforma migratoria significativa. Sin embargo, como declaró la USCCB la semana pasada: “mientras el congreso fracase en este sentido, y las condiciones actuales en Haití persistan, recae sobre el poder ejecutivo la responsabilidad de actuar de una manera justa y misericordiosa”.
Todos tenemos interés en garantizar que los derechos de las personas sean protegidos y que el legado de nuestro país proclamado en el poema de Emma Lazarus en la Estatua de la Libertad continúe floreciendo y llenándonos de orgullo:
“Dadme vuestros cansados, vuestros pobres,
vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad,
el desamparado desecho de vuestras rebosantes playas.
Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades,
¡Yo elevo mi faro al costado de la puerta dorada!”