Beneficiarios de DACA y manifestantes solidarios fuera de la Corte Suprema en Washington el 18 de junio de 2020. Foto: Jonathan Ernst, Reuters/CNS
WASHINGTON (CNS) -- Defensores católicos de inmigrantes han instado al Congreso y al presidente Joe Biden a acelerar la legislación para proteger a los inmigrantes después de que un juez federal dictaminó el 16 de julio poner fin a un programa que evita la deportación de miles de inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Estos grupos recurrieron de inmediato a las redes sociales para responder a la decisión del juez de distrito estadounidense Andrew Hanen, quien dijo que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, era ilegal. Su fallo, que los demandantes planean apelar, prohíbe al gobierno aprobar nuevas solicitudes al programa, pero lo deja abierto para los participantes actuales. La decisión significa que “decenas de miles de personas que solicitaron, pero cuyos casos iniciales quedaron atrapados en el limbo debido a retrasos en el procesamiento ... no recibirán protección” de la deportación algo que puede alterarles la vida, tuiteó Lisa Parisio, directora de defensa de la Red Católica de Inmigración Legal, o CLINIC. Hanen falló a favor de Texas y otros ocho estados que presentaron una demanda en 2018 contra DACA con el argumento de que el expresidente Barack Obama, quien creó el programa por orden ejecutiva en 2012, no tenía la autoridad para hacerlo porque pasó por encima del Congreso. Los estados que se unieron a Texas en la demanda (Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia) también dijeron que el programa ha provocado una tensión económica. DACA ha permitido que unos 700,000 jóvenes calificados, conocidos como Dreamers, trabajen, ingresen a la universidad, obtengan seguro médico, una licencia de conducir y no se enfrenten a la deportación. En una declaración del 19 de junio, el obispo auxiliar de Washington Mario E. Dorsonville, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU., dijo que los obispos estaban decepcionados con el fallo del juez, pero también sabían “que DACA nunca fue destinado a ser una solución permanente para los soñadores”. “Este fallo es simplemente el desarrollo más reciente en una larga lista de eventos que justifican la acción del Congreso”, dijo. “Texas no tiene el derecho de dictar una política de inmigración federal o de cambiar las vidas de cientos de miles de beneficiarios de DACA. El Congreso y el presidente deben actuar de manera decisiva y rápida para promulgar protecciones duraderas para los Dreamers, incluido un camino hacia la ciudadanía”, tuiteó Hope Border Institute el 16 de julio. Los partidarios de DACA han insistido durante mucho tiempo en que depende del Congreso aprobar una legislación que proporcione a los soñadores un alivio permanente. Actualmente, un comité del Senado está considerando la Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021. La Cámara aprobó su versión de la medida en marzo, junto con la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que proporciona un camino hacia el estatus legal para los trabajadores agrícolas. La medida del Sueño Americano crearía un estatus de “residente permanente condicional” válido por hasta 10 años que protegería a los beneficiarios de DACA y a otros soñadores de la deportación, les permitiría trabajar legalmente en los EE. UU. y les permitiría viajar fuera del país, si es que cumplen con varios requisitos.