WASHINGTON (CNS) -- Líderes católicos han protestado públicamente en contra de una propuesta de la administración Trump anunciada el 22 de septiembre que les negaría lo que popularmente se llaman “green cards,” permisos de residencia permanente, a inmigrantes que usan programas de ayuda pública. La propuesta de 447 páginas, llamada “Inadmissibility on Public Charge Grounds”, se ha publicado en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional, www.dhs.gov. Un comunicado anunciando la propuesta dice que el propósito es “definir claramente” la ley que se ha usado por mucho tiempo para asegurar que aquellos que buscan entrar y quedarse en los Estados Unidos, temporal o permanentemente, puedan mantenerse económicamente y no dependerán de ayuda pública. Las leyes federales siempre han requerido que personas que buscan obtener “green cards” deben comprobar que no serán una carga para el gobierno estadounidense, pero nunca se había considerado el uso de beneficios públicos -por ejemplo, cupones de alimento (food stamps) o subsidios de vivienda- en la decisión para proporcionar las tarjetas. La acción podría obligar a millones de inmigrantes que dependen de ayuda pública para alimento y vivienda a escoger entre aceptar ayuda económica por medio de Medicaid, cupones de alimento, subsidios de vivienda u otras formas de ayuda, o procurar una tarjeta de residencia para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. El obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas, presidente del Comité sobre Inmigración de los Obispos de Estados Unidos, y el obispo Frank W. Dewane de Venice, Florida, presidente de Comité sobre Justicia y Desarrollo Humano Nacional, dijeron que la regla propuesta “complica más las normas estrictas” que existen para prevenir que muchos inmigrantes reciban ayuda pública federal. Los obispos dijeron en su comunicado que apenas estaban comenzando a revisar la regla propuesta por la administración Trump, pero que un análisis inicial indica que la norma puede hacer daño a familias y puede incrementar el miedo que ya sienten familias inmigrantes que se encuentran “luchando para lograr el sueño estadounidense”. También dijeron que es probable que la acción “prevenga que las familias tengan acceso a servicios médicos importantes y a servicios sociales vitales para la salud y el bienestar público”. Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal, fue más directa en su evaluación de la medida propuesta por el gobierno: “La administración se ha hundido a un nuevo nivel de crueldad con esta propuesta de castigar a los inmigrantes que usan ayuda pública para alimentar a sus familias, proveer servicios médicos y albergarlas”. En un comunicado del 24 de septiembre ella dijo que la regla era una “táctica cínica intencionada para promover hostilidad contra los inmigrantes antes de las elecciones de noviembre”. También dijo que la regla está “basada en suposiciones imprecisas”. El Departamento de Seguridad Nacional permitirá un periodo de 60 días para comentarios una vez que la regla propuesta sea publicada en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno de Estados Unidos. Después de eso, la administración tomará en consideración los comentarios recibidos al emitir su decreto final.