Desde 1919, los obispos católicos de los Estados Unidos han predicado que el acceso universal a la atención básica a la salud es un componente del bien común en una sociedad justa. En las enseñanzas de la Iglesia sobre la justicia social, la preocupación por el cuidado universal a la salud toma su lugar al lado de la preocupación por que todo el mundo tenga comida suficiente, una vivienda digna y una oportunidad para tener un trabajo que tenga un salario suficiente para mantener a una familia. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) por consiguiente, apoyó el objetivo del proyecto de ley para reformar la ley de salud que fue aprobada hace un año. Dicho proyecto contiene muchos elementos que contribuyen a ampliar la atención sanitaria para todos: Una disposición para que las compañías de seguros no puedan imponer las condiciones pre-existentes como una restricción para ofrecer sus pólizas de seguro médico; una disposición para que los hijos e hijas pueden permanecer cubiertos por el seguro de sus padres durante todos sus años de universidad; y un aumento de la cobertura de beneficios de salud para las madres y sus hijos, entre otras. Sin embargo, estos y otros beneficios no deben ser comprados a expensas de la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Los “derechos”, en el caso de que sean auténticos derechos humanos y no sólo ficciones legales basadas en una ideología particular, no se deben echar a pelear unos contra otros con fines políticos. Debido a que la interpretación que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha hecho de los requisitos de la legislación de la reforma de salud seguirá siendo un tema de debate público, me gustaría señalar las preocupaciones que tenemos los Obispos Católicos. Son dos. 1) la violación a la libertad religiosa por parte del gobierno y 2) las restricciones a la libertad de conciencia. La libertad religiosa significa que todas las religiones tienen la libertad de determinar y controlar a sus propios ministerios, sin interferencia del gobierno. Los nombres institucionales de nuestros ministerios católicos en Chicago son bien conocidos, por ejemplo, hay universidades católicas (como la de Loyola, DePaul y otras) y escuelas (como St. Ignatius, Marian, Fenwick y otras). Hay hospitales católicos y centros de salud (como Resurrection, St. Anthony, St. Bernard y otros). Hay agencias católicas de servicios sociales (como Caridades Católicas de la Arquidiócesis) e instituciones de bienestar infantil (como Misericordia, Mercy Home, Marillac House y muchas otras). De acuerdo a los reglamentos del HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos, por sus siglas en inglés), ninguna de estas instituciones es católica. El gobierno ha decidido unilateralmente que tiene el “derecho” de determinar lo que es católico (o judío o musulmán) y lo que no lo es. Los ministerios religiosos son reducidos a meros servicios públicos, con su identidad cambiada por decreto gubernamental. Se trata de una intrusión novedosa del gobierno en la vida interna de la Iglesia y de otras organizaciones religiosas. Se trata de un tema que tiene que ver con la Primera Enmienda y, finalmente, será decidido por las cortes. La libertad de conciencia significa que ni las instituciones ni los individuos deben ser obligados por el gobierno a hacer o pagar por una acción que creen que es inmoral. La conciencia institucional y personal había sido previamente protegida en la legislación federal de salud por las enmiendas de Hyde, Church y Weldon. Estas protecciones legales han sido eliminadas de la ley de salud y como consecuencia la libertad de conciencia se ha visto restringida. Esta es una cuestión de política y, probablemente, se decidirá por acciones legislativas o ejecutivas. Se necesitará tiempo para decidir estas cuestiones y el debate público será áspero y acalorado. En un año electoral, será difícil evitar el partidismo, porque mucha gente parece que no puede pensar más allá de su afiliación a un partido político determinado, ya sea republicano o demócrata o cualquier otro. Sin embargo, la libertad religiosa y la libertad de conciencia son temas que deberían ser más importantes que la política. Más allá del debate político actual existe una cuestión cultural que se ha ido desarrollando durante décadas. Durante los primeros ciento cincuenta años de historia de nuestro país, la religión era considerada un bien positivo que contribuía a la cohesión social y a la educación moral de los ciudadanos. En las últimas décadas, la religión ha llegado a ser considerada un peligro que crea divisiones sociales y que necesita ser controlado. En esta visión de las cosas, las iglesias y otras organizaciones religiosas son clubes privados que pueden motivar a la gente a realizar un servicio público, pero en donde dicha actividad pública tiene que estar libre de argumentos y acciones religiosos. Esto se conoce como la secularización de nuestra cultura. A la larga, una sociedad que vive de manera pública como si Dios no existiera destruye no sólo a las instituciones religiosas, sino también a sí misma. Una sociedad que excluye la influencia religiosa se cierra sobre sí misma y se vuelve totalitaria. Esto puede suceder incluso en nombre de los “derechos” individuales. Espero que estas pocas observaciones sean útiles para tener una mejor comprensión de lo que está en juego en el disputado mandato del HHS. A medida que avancemos, vamos a tener que vivir más conscientemente en el Reino de Dios, el cual es verdaderamente universal, sin dejar de tomar nuestra parte como ciudadanos responsables en nuestro país particular. Gracias por su vida de fe en la Iglesia y por su ciudadanía responsable en nuestro país. Que Dios los bendiga.