Las cada vez más abultadas estadísticas de homicidios en la ciudad de Chicago, especialmente las de asesinatos de niños escolares, deja a muchos profundamente perturbados. Ahí está la tragedia de las madres y padres cuyos hijos han sido asesinados, la tragedia de familias que quedaron aún más fracturadas. Está la tragedia de un miedo que invade las calles de vecindarios que dejaron de ser seguros para las actividades diarias como caminar a la escuela o ir a la tienda. Y está la tragedia de la desesperanza cuando vemos a los jóvenes enfrentar un futuro que creen, de manera fatalista, que no vivirán para verlo. Asesinar a otros tiene múltiples causas; estamos acostumbrados a leer sobre ellas o a experimentarlas de primera mano. Una causa obvia es que hay demasiadas armas en demasiadas manos. Las pandillas que se rigen por un código de violencia son una de las causas. El tráfico de drogas es otra. El resquebrajamiento de la vida familiar es con toda certeza una más de ellas. Y argumentaría que las leyes que tenemos actualmente sobre el aborto también son responsables de las actitudes que producen violencia contra personas inocentes. Al legalizar el aborto, las personas reciben el mensaje de que matar a alguien es una manera legítima de resolver un problema personal. En un estado verdaderamente civilizado, las leyes prohíben los asesinatos privados. Antes que una vida pueda ser tomada, debe haber un juicio público; además la ley está diseñada para proteger a aquellos que son incapaces de defenderse a sí mismos. Desde 1972, más de 43 millones de seres humanos han sido asesinados en nuestro país, sin un proceso público para declararlos culpables de un delito capital. Asesinar es parte de nuestra manera de vida; matar al nonato se considera incluso necesario para preservar nuestra manera de vida. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas hace más de un mes, el Papa Benedicto XVI dijo que la soberanía del estado existe para la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos están detallados en la Declaración de Derechos Universales de las Naciones Unidas y algunos de ellos son mencionados en nuestra Declaración de Independencia de 1776. Los derechos humanos son aún más básicos que los derechos civiles mencionados en el Capítulo de las Naciones Unidas o en la Ley de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Al hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Papa dijo que los derechos humanos deben ser protegidos por los derechos civiles reconocidos en la ley y que, si un gobierno no respeta los derechos humanos de su propio pueblo, entonces la comunidad internacional tiene el derecho de encontrar maneras de intervenir. Comparó a la raza humana con una familia y señaló que los miembros más fuertes de una familia deben proteger a los más débiles. En nuestro país, el derecho humano básico a la vida está protegido de manera inadecuada por nuestro sistema de derechos legales o civiles. Juristas y legisladores que apoyan las leyes permitiendo el aborto traicionan su propia vocación. En ocasiones un jurista o legislador dirá que él o ella creen personalmente que el aborto está mal, pero que la moralidad personal no puede ser legislada en una sociedad plural. Este es un argumento intelectual deshonesto, porque la protección de los derechos humanos básicos es tarea de funcionarios gubernamentales, por miedo a que pequen en contra del bien común; y el bien común está fracturado en un sistema legal que permite el aborto. Cuando se viola al bien común, la violencia crece. Cuando la ley protege el asesinato privado de un grupo de seres humanos, finalmente ninguna vida humana está a salvo. Pertenecemos a una familia humana; y cuando uno es asesinado injustamente, todos salimos lastimados. Vemos eso claramente cuando los asesinados son niños escolares en la calle. Deberíamos ver eso con la misma claridad cuando se trata de niños aún en el vientre materno. Al igual que un revolver, un bisturí de cirujano puede ser utilizado para salvar vida o destruirla. La ley debe asegurarse que ninguno de ellos se utilice de manera equivocada. Los ciudadanos ordinarios comparten la obligación del gobierno para proteger el derecho humano a la vida. Esta preocupación no es una cuestión de imponer la moralidad de uno, sino de preservar las bases de nuestra civilización común. En las condiciones actuales, nuestro consentimiento equivale a cooperar con el demonio del aborto. Las enseñanzas sociales católicas no son sectarias en sus metas. Están basadas en el entendimiento de la naturaleza humana y en el valor de la persona humana los cuales han sido entretejidos en los mejores códigos médicos y legales a través de siglos de desarrollo moral humano. Lo que vivimos ahora es una regresión de esos estándares. En cualquier sociedad, la ley es un estándar público para todos; debe estar designado para detener los asesinatos, no para protegerlos. Ese es el reto con el que vivimos. Que el Señor nos asista para trabajar juntos para disminuir la violencia y eliminar los asesinatos en nuestra sociedad. Que Dios los bendiga.