Para leer esta columna en inglés, por favor haga clic aquí Hace poco más de un año, el gobierno federal implementó los Protocolos de Protección a Migrantes conocidos como la política de “Permanecer en México”. Esta iniciativa requiere que ciertas personas en busca de asilo que llegan a la frontera de Estados Unidos y México por tierra regresen a México a esperar su audiencia. Estas personas son enviadas de regreso no obstante haber pasado una revisión con un oficial de asilos de Estados Unidos para determinar la credibilidad de los temores que los llevaron a buscar asilo, lo cual es el primer paso en el proceso para solicitar una audiencia de asilo. Se ha reportado que para diciembre de 2019 más de 59 mil personas han sido regresadas a México bajo esta política, incluyendo por lo menos 16 mil niños. Y, para el pasado agosto, más del 98 por ciento de los que habían sido sometidos a dicha política no habían podido obtener representación legal. Recordemos quiénes son estas personas. Son familias empujadas por situaciones de extrema violencia y pobreza. Están huyendo de su país en busca de seguridad y asilo porque con frecuencia son víctimas de la violencia de pandillas. Y estas pandillas son ampliamente financiadas por ciudadanos americanos que compran drogas suministradas por estas pandillas. Los proveedores de servicio católicos que trabajan en la frontera tienen amplia evidencia de cómo la política de “Permanecer en México” ha revictimizado a los buscadores de asilo, ya que no se les puede garantizar seguridad y refugio en México mientras esperan que sus casos sean escuchados en corte. Esto ha llevado a los obispos católicos de Texas a hacer un llamado a un cambio a esta política, lo cual yo apoyo de todo corazón. Ellos señalaron que esta política: • obliga a “México a organizar campos para decenas de miles de refugiados, de este modo socavando efectivamente su derecho a buscar asilo en Estados Unidos y privándolos del apoyo de familiares en suelo estadounidense”; • pone “fuera de su alcance el ejercicio de su derecho a procurar representación legal en su caso ante la corte”; • y crea “una situación en la cual muchos inmigrantes y refugiados ya no buscarán el proceso legal a través de los puertos de entrada establecidos, sino que tratarán de ingresar a los Estados Unidos a través de lugares de alto riesgo para evitar a las autoridades”. Esta política también plantea preocupaciones sobre el debido proceso porque las personas que son sometidas a ella ya han mostrado que tienen un miedo creíble de persecución, sin embargo, son enviadas a México, donde muchas pueden ser puestas en condiciones inseguras sin acceso a apoyo familiar, legal o social. De hecho, también se ha reportado que algunas personas en busca de asilo que fueron enviadas a México fueron subsecuentemente secuestradas y violadas. Sin duda, la enseñanza católica y los obispos de Estados Unidos reconocen y apoyan el derecho de una nación a defender sus fronteras y hacer cumplir sus leyes. También estamos de acuerdo en que la aplicación de medidas de inmigración es parte importante de una legislación de reforma de inmigración integral, que estadounidenses y católicos abrumadoramente apoyan. Sin embargo, la aplicación siempre debe respetar los derechos humanos de los individuos, incluyendo sus derechos al debido proceso. El papa Francisco ha elogiado la herencia de nuestra nación de dar la bienvenida al extranjero. Él sabe que nuestra Estatua de la Libertad es llamada “Madre de los Exiliados”. Ella llama al mundo: “Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad. El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas. Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí. ¡Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada!” El Santo Padre nos ha pedido que estemos orgullosos de estas palabras y las hagamos nuestras. Nos insta a rechazar lo que él llama la “globalización de la indiferencia” hacia los inmigrantes y refugiados. Debemos rechazar verlos como “peones del tablero de ajedrez de la humanidad” o tratarlos como prescindibles en una “cultura del desecho”. El asunto de una reforma migratoria integral y la protección de buscadores de asilo de la violencia no debe dividirnos como nación. Más bien, nuestra herencia común como estadounidenses y nuestra tradición católica de respeto a la dignidad humana debe unirnos para abordar este asunto de manera que haga que nuestra “Madre de los Exiliados” esté orgullosa.