Cuando los obispos de Estados Unidos se congreguen para nuestra reunión anual en Baltimore, debemos abordar francamente dos asuntos importantes relacionados con el mal comportamiento sexual del clero que ha salido a la luz durante los meses del verano. El primero está relacionado con evaluar hasta qué grado hemos cumplido las promesas que hicimos en 2002 con la adopción del Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes. Tengo la seguridad de que la Arquidiócesis de Chicago está cumpliendo con las promesas hechas en 2002, y de hecho vamos más allá de ellas. Cooperamos con las autoridades civiles y le reportamos las alegaciones de abuso sexual infantil; informamos a nuestros feligreses y al público al publicar los nombres de los sacerdotes creíblemente acusados; nos acercamos a las víctimas-sobrevivientes para el cuidado pastoral y mantenemos un programa de protección integral que incluye revisiones de antecedentes y capacitación de todo el personal que trabaja con niños; y un programa educativo de acuerdo a la edad para enseñar a los niños a reconocer y reportar comportamiento inapropiado. Aun con este récord de esfuerzo sincero de parte de muchos en la arquidiócesis, estoy tomando el paso adicional de pedir a un experto externo que examine nuestros archivos y conduzca una revisión retrospectiva y actual de nuestras políticas y procedimientos relacionados al abuso sexual. El reporte del gran jurado de Pensilvania desató graves dudas de que los obispos de Estados Unidos hayan cumplido sus promesas de 2002, motivando a otras autoridades civiles, incluyendo nuestro propio fiscal general, a investigar a la iglesia. Aunque cada obispo mantiene jurisdicción por la iglesia específica que sirve, también tenemos una responsabilidad moral por toda iglesia, especialmente dentro de nuestro propio país. Eso significa que, el encontrar una manera más efectiva de hacernos responsables unos a otros, tiene que ser una prioridad este noviembre. El segundo asunto está relacionado con las alegaciones de mal comportamiento por los obispos. Cuando aprobamos el estatuto en 2002, añadimos una “Declaración de Compromiso Episcopal”, prometiendo seguir un procedimiento para reportar alegaciones de abuso sexual de menores por un obispo. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, invocó este protocolo después que recibió una denuncia de abuso sexual de un menor contra el arzobispo Theodore McCarrick. Él siguió el protocolo al informar a la Santa Sede, que a su vez lo autorizó a realizar una investigación completa con su junta de revisión laica. Una vez que esa junta determinó que las alegaciones eran tanto creíbles como fundamentadas, el cardenal Dolan envío un reporte al Santo Padre. El papa entonces autorizó una declaración pública de los resultados y removió al arzobispo McCarrick del ministerio público, lo que condujo a su salida del Colegio Cardenalicio. Pero se necesita hacer más para lograr que sea más fácil para las víctimas presentarse con alegaciones contra los obispos y garantizar la independencia del proceso de revisión. El Comité Administrativo de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos está tomando pasos para abordar este asunto crítico. Ha comenzado el proceso de establecimiento de un sistema confidencial para reportar de terceros para manejar las denuncias de abuso sexual de menores por obispos y mal comportamiento sexual con adultos por obispos. También ha instruido al comité de asuntos canónicos de USCCB que desarrolle políticas para abordar restricciones sobre los obispos que fueron removidos o han renunciado debido a alegaciones de abuso sexual de menores o mal comportamiento sexual con adultos. Además, el Comité Administrativo también ha iniciado el proceso de desarrollo de un código de conducta para los obispos en relación con el abuso sexual de menores y mala conducta sexual con adultos—incluyendo negligencia relacionada a dichos casos. Abogaré para que cada obispo declare públicamente su compromiso de permitir y cooperar completamente con una junta laica independiente para revisar cualquier alegación de mal comportamiento con un menor hecha contra él y hacer público sus resultados. Debemos dejar claro entre nosotros y con los fieles que nadie estará exento de responsabilidad. La cultura de privilegio y auto protección debe llegar a su fin. Hacemos bien en recordar que el cardenal Joseph Bernardin se sometió el mismo al proceso de revisión de la arquidiócesis cuando una alegación fue hecha contra él. Su ejemplo nos habla poderosamente hoy. Mientras estaba en Roma para el Sínodo sobre los Jóvenes, se me preguntó sobre la enojada reacción de los católicos estadounidenses a los acontecimientos de los últimos meses. Reconozco completamente la justificación de ese enojo, pero estoy convencido que debajo de ese enojo hay una profunda tristeza, la tristeza de la decepción enraizada al saber que somos mejor que esto. Es esa creencia de que somos mejor y podemos hacerlo mejor lo que me da la esperanza y el valor de hacer todo lo que puedo para sacar hacia adelante a la iglesia en este momento difícil. Nosotros los obispos le debemos a aquellos a quienes servimos coherencia, confiabilidad, transparencia y responsabilidad. No hay nada más importante para la iglesia que proteger a los jóvenes y adultos vulnerables y no hay ninguna razón por la cual no podemos hacer esto correctamente. Pido sus oraciones, confiando que con la ayuda de Dios todas las cosas son posibles.