La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos se reunió en Indianápolis el 14 y15 de junio, y entre los asuntos importantes que se discutieron estuvo la reforma de nuestras políticas migratorias. Hemos llamado constantemente a una reforma integral de las leyes de inmigración de nuestra nación, incluyendo un camino a la ciudadanía para los 11 millones de personas indocumentadas en el país. Nuestra posición es que las personas indocumentadas, que han construido un patrimonio en nuestro país y que de otra manera han sido respetuosas de la ley —70 por ciento de las cuales han vivido aquí 10 años o más— se les debe dar la oportunidad de salir de las sombras, para pagar su deuda a la sociedad y ser colocadas en un camino hacia la ciudadanía. Esto les permitiría participar y contribuir completamente en nuestra sociedad, y aseguraría que sus familias se mantengan unidas, ya que los padres no serían deportados lejos de sus hijos ciudadanos de Estados Unidos. Los obispos de Estados Unidos también creen que los caminos legales deben ser mejorados de tal manera que los trabajadores inmigrantes pocos calificados puedan ingresar a nuestra nación legal y seguramente para trabajar en labores que los estadounidenses no harían, aunque con los salarios y protecciones laborales adecuados. Además, a los familiares se les debe permitir reunirse más rápidamente, ya que los tiempos de espera para reunificación familiar pueden demorar en algunos casos muchos años. Estos caminos legales proveerían una alternativa para los trabajadores inmigrantes que de otra manera tienen que arriesgar sus vidas y someterse a redes de contrabando organizado y otros que actúan mal aprovechando su difícil situación. Creemos que es importante ser aún más fuertes al abogar por estas políticas cuando tomamos en consideración el ambiente actual en el cual los inmigrantes son blanco de deportación, incluso aquellos que son elegibles para un camino hacia la ciudadanía. Dos órdenes ejecutivas emitidas por la administración, una de aplicación interna y otra de ejecución en la frontera, son un plan de acción para deportación masiva, ya que incrementan la detención, expanden la remoción acelerada de todos inmigrantes, aumentan significativamente los oficiales de ICE y la Patrulla Fronteriza y reinstauran programas que requieren la aplicación de la ley a nivel local para ejecutar la ley de inmigración. Remueven también la priorización de los extranjeros criminales para la deportación e incluyen a todos como una prioridad, incluso personas que han vivido aquí más dos décadas. Durante los primeros cuatro meses de la nueva administración, la deportación de inmigrantes que no han cometido un crimen ha aumentado en más de un 30 por ciento —la misma gente que se beneficiaría de un camino hacia la ciudadanía. La administración ha pedido más de $4 mil millones para comenzar a implementar un programa de deportación, incluyendo la construcción de un muro a lo largo de la frontera, un aumento dramático en las camas de detención y un incremento en los agentes de ICE y los agentes de la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, una deportación masiva no es lo que somos como estadounidenses. No debe ser la “nueva normalidad”. De hecho, los cruces de la frontera han bajado significativamente a lo largo de los últimos cinco años y se encuentran actualmente en nuevas cifras mínimas, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional. Sin lugar a dudas, las enseñanzas católicas y los obispos de Estados Unidos reconocen y apoyan el derecho de una nación a defender sus fronteras y aplicar sus leyes. Sin embargo, al hacerlo, se deben mantener los derechos humanos de los individuos, incluyendo su derecho al debido proceso. Con mucha frecuencia en nuestro sistema de inmigración vemos lo contrario, porque los inmigrantes no tienen derecho a un abogado y a menudo no conocen sus derechos. Cuando son mantenidos en detención, en muchos casos no tienen acceso a representación legal, y para aquellos que la tienen, el acceso a sus abogados es con frecuencia limitado. Así que en vez de deportar a millones de personas que están trabajando y contribuyendo a nuestra nación, debemos sacarlas de las sombras y hacer que se registren en el gobierno, con una oportunidad para que estén bien con la ley. Las encuestas señalan que los estadounidenses y los católicos apoyan esta solución en una mayoría significativa. Esto separaría a aquellos que contribuyen y tienen familias de aquellos que puedan ser una amenaza para nuestra sociedad, liberando a las autoridades de control migratorio para concentrarse en las amenazas reales. En 2013, el Senado pasó una legislación bipartidista que sacaría a millones de las sombras y los pondría en un camino hacia la ciudadanía. A pesar de que el proyecto de ley no era perfecto, mostró que el Congreso, o al menos una rama del mismo, puede pasar legislación de la reforma migratoria. En vez de adelantar un programa de deportación masiva, el Congreso debe comenzar un esfuerzo bipartidista de líneas similares. Los obispos quieren ser claros. El control migratorio es una pieza importante de la legislación para la reforma migratoria integral. Pero todos deben participar bajo las mismas reglas, incluyendo los empleadores inescrupulosos que explotan a los trabajadores. La meta de los obispos de Estados Unidos es establecer un marco legal que funciona y sirve los mejores intereses de nuestra nación y de los inmigrantes que desean venir a nuestro país y perseguir sus sueños. Hoy, tenemos un caos, lo cual no ayuda a nadie. El Papa Francisco ha hablado acerca de la “globalización de la indiferencia” hacia los inmigrantes y dijo que ellos no son “peones en los tableros de ajedrez de la humanidad” y que son víctimas de una “cultura de lo desechable”. En otras palabras, en muchas naciones los migrantes son usados por su mano de obra y luego son apartados y usados como chivo expiatorio, cuando conviene, por los males sociales de una nación. Esto es cierto en Estados Unidos. De muchas maneras, el problema real es que muchos quieren un sistema disfuncional, ya que podemos tomar las acciones del sudor de los inmigrantes sin darles derechos y protecciones. Es un sistema de complicidad. Dicho uso indebido de nuestros compañeros seres humanos es inmoral. La comunidad católica, incluyendo los obispos, está en una posición de influenciar al Congreso y a la administración para tomar un curso diferente. Esto no debe ser un asunto político para los católicos, sino humanitario. Como católicos, no debemos estar divididos por el problema, sino movernos hacia adelante con una sola voz. No podemos permanecer quietos mientras nuestros vecinos viven en miedo y son amenazados con la deportación y la separación de sus familias. No podemos quedarnos quietos mientras niños ciudadanos de Estados Unidos son dejados atrás, sin sus padres, o forzados a ir con ellos a un país que no conocen. Debemos hacer todo lo que podemos, dentro de la ley, para ayudarlos, nuestros hermanos y hermanas. Estamos en un punto de inflexión en nuestro país. Podemos levantar el puente levadizo y tratar de crecer por nosotros mismos, sin las contribuciones de los inmigrantes, o podemos adoptar nuestra herencia de inmigrantes y promulgar leyes que son justas y que nos preparen para el siglo veintiuno. Como católicos, debemos actuar y trabajar para avanzar reformas migratorias sensibles.