La Corte Suprema de Estados Unidos ha asestado un golpe al esfuerzo de la administración Trump para terminar DACA en marzo. Foto: Mónica Almeida/CNS
WASHINGTON (CNS) – La Corte Suprema de Estados Unidos ha asestado un golpe al esfuerzo de la administración Trump para terminar en marzo un programa que protege a jóvenes adultos traídos a los Estados Unidos sin permiso legal cuando eran menores. El 26 de febrero, la corte se negó a escuchar y fallar si la administración tiene el derecho para concluir el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). En septiembre, el presidente Donald Trump anunció que su administración estaba terminando el programa, dando a los legisladores hasta el 5 de marzo para encontrar una solución legislativa para proteger a los jóvenes adultos beneficiados de DACA. Dos jueces federales han bloqueado los esfuerzos de la administración Trump para terminar el programa, dictaminando que el gobierno debe continuar aceptando solicitudes de renovación para DACA. A su vez, la administración pidió a la Corte Suprema que escuchara y fallara sobre una de esas decisiones, de un juez en California, como un esfuerzo para evitar el proceso de una apelación pasando en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos basada en San Francisco. Eso significa que la fecha límite del 5 de marzo esencialmente ya no tiene significado y aquellos que se benefician de DACA pueden continuar haciendo solicitudes para renovar los permisos que los protegen de la deportación y les permiten tener un permiso de trabajo y otros documentos, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios. En un breve comentario sin firmar, la corte dijo que esperaba que la Corte de Apelaciones “procederá sin demora para decidir este caso”. “Aunque la decisión de la Corte Suprema le da tiempo al Congreso para abordar la situación de los jóvenes indocumentados, no debe darles una excusa para demorar la acción”, indicó Kevin Appleby, director sénior de política migratoria internacional para el Centro de Estudios de Migración en New York. “Estos jóvenes permanecen en riesgo y merecen protección permanente y una oportunidad para planear su futuro. Los defensores católicos deben continuar presionando al Congreso y al presidente para que se les otorgue un camino a la ciudadanía”.