Ante la posibilidad de que se aplique una polémica iniciativa del servicio de Inmigración, el padre Gary Graf logra firmar un acuerdo con el alcalde de esta ciudad, Richard Hyde, para impedir arbitrariedades de la policía, al tiempo que pide "paciencia" a sus feligreses.

Otra vez el padre Gary Graf sale en defensa de la comunidad de inmigrantes de Waukegan, donde muchos de sus miembros temen ser objeto de abusos, incluso deportados, si las autoridades logran poner en práctica una polémica iniciativa de Inmigración.

La espada de Damocles que esta vez pende sobre los inmigrantes, especialmente los indocumentados, es la controvertida ley 187(g), bajo la cual el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) da poderes a policías locales para actuar como agentes de inmigración y arrestar a todo el que haya cometido algún crimen mayor. Tras una reunión en junio pasado, cuando el Concilio Municipal decidió explorar con el ICE la posibilidad de traer a Waukegan la 187(g), varias organizaciones comunitarias y figuras religiosas han pedido infructuosamente al alcalde Richard Hyde que dé marcha atrás a la idea de aplicar esta normativa.

Frente a la presión de la iglesia local, especialmente Graf, sus feligreses y organizaciones comunitarias, el Concilio se reunió nuevamente el 16 de julio y ratificó su posición en medio de protestas y un marcado despliegue policial que incluyó

Graf logra un acuerdo con Hyde

Pero quizás pocos han logrado lo que el padre Graf, quien invitó al alcalde a su iglesia para mostrarle una carta del cardenal (en la que también rechaza la normativa), cuatro testimonios de inmigrantes sobre irregularidades con la policía local y pedirle públicamente, ante unos 2000 feligreses que asistieron a su iglesia, que echara atrás la iniciativa.

Al ver que Hyde mantuvo firme su postura aduciendo que la 187(g) sólo era para los criminales, Graf propuso entonces al alcalde que firmara un acuerdo conjunto que, de cumplirse, traería cierto respiro a la comunidad de inmigrante, que suele recurrir al sacerdote cada vez sienten haber sido víctima de abusos por parte de la policía de la ciudad.

“La gente tiene miedo porque (con la 187) puede prestarse para el abuso de poder por parte de la policía, como ha ocurrido en el pasado”, dijo.

Graf integra el grupo de Sacerdotes por la Justicia de los Inmigrantes y en el pasado se ha opuesto a otras controvertidas iniciativas del gobierno local, como la multa de $500 y el decomiso del automóvil cuando algún inmigrante cometía una infracción o, al ser detenido, no tenía licencia de conducción.

“Si logran esto aquí –la 187(g)-, puede ser que en otra ciudad ocurra lo mismo”, dijo el padre, quien se siente satisfecho de haber logrado algo tangible con las autoridades.

Pese a la iniciativa local, el padre Graf cree que hay pocas esperanzas de que la 187(g) llegue a Waukegan en un tiempo de mediano plazo, debido a que la respuesta a la solicitud por parte del gobierno local tardaría por lo menos un año.

Según estimaciones del Buró del Censo del 2005, los latinos conforman casi el 50 por ciento de los 91,000 habitantes de este suburbio al norte de Chicago.

Graf a los feligreses: sean pacientes

A diferencia de otros grupos comunitarios que cada día aumentan la presión sobre las autoridades con diferentes acciones en las calles , el padre Graf pidió a sus feligreses no involucrarse en actividades que puedan echar por tierra el canal de diálogo que, excepcionalmente, estableció con las autoridades de la ciudad.

“Como párroco de sus parroquias, les pido por favor, que sean pacientes y se mantengan informados de cómo estamos manejando esta situación”, afirmó tras la firma de la declaración conjunta con Hyde.

“Les pido amablemente que no se involucren en actividades que puedan dañar nuestros esfuerzos. Tenemos esperanza en el hecho de que hemos abierto un diálogo con los funcionarios de la ciudad y de que ellos están interesados en trabajar con nosotros”, concluyó.

Justo el día 16 de julio, cuando las organizaciones comunitarias protestaban frente el Concilio municipal para revertir la votación, el padre Graf organizó una misa en La Sagrada Familia.

Y mientras unas 3000 personas gritaban consignas contra la decisión municipal, Graf llamaba a “rezar por nuestros líderes de la comunidad y el pueblo de Dios”.

“Considerando el imperativo cristiano expresado en el Evangelio para amar a nuestro vecino, debemos responder a nuestro llamado de bautismo para caminar juntos en la fe”, dijo el padre.

Además del Cardenal, Graf recibió el apoyo de Sacerdotes por la Justicia para Inmigrantes, integrado por 150 padres católicos de la Arquidiócesis de Chicago, entre ellos el propio párroco, que han protagonizado innumerables acciones para empujar por una reforma migratoria que saque de la sombra a los 12 millones de indocumentados en el país.

Al amparo de la Campaña Católica por una Reforma Migratoria, el grupo de sacerdotes expresó “su fuerte oposición” a la propuesta.

“Aunque la ordenanza tiene como blanco inmigrantes indocumentados que cometieron algún delito, creemos que, de forma indebida, haría blanco en otros sólo por el perfil racial y pudieran ser sujeto a deportación”, señala una declaración.

Tras criticar el “quebrantado sistema migratorio” del país, los prelados dijeron que se oponen a “cualquier legislación que ataque a cualquier inmigrante indocumentado que sea un buen hombre o una buena mujer que contribuye de muchas maneras a la economía de este país y a la estructura social de nuestras comunidades e iglesias”

Puntos del acuerdo entre el alcalde Hyde y el padre Graf

• Si se otorgan los poderes por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de la sec ción 187(g), la Ciudad de Waukegan USARA SOLAMENTE esta autoridad para proce sar delitos mayores, tales como asesinato, abuso de menores y violación sexual.
• Que la Ciudad NO USARA la autoridad de la sección 287(g) para deportar chóferes sin licen cia, inmigrante sin identificación legal, transgresiones menores de tráfico u otras ofen sas menores.
• Que en ninguna instancia la ciudad participará o conducirá redadas usando la autori dad del ICE con los empleadores u otras instituciones comunitarias.
• Que la ciudad no tolerará que la Policía u otros servidores públicos usen la autoridad del ICE para amenazar a los inmigrantes con ser deportados o para ejercer perfil racial.
• Que como la ciudad reconoce y valora las contribuciones que los inmigrantes hacen a la economía local y a la comunidad, trabajaremos por conseguir reformas (tales como certi fi cados para chóferes) que permitan a los inmigrantes a participar de manera más com pleta y segura en la vida pública.
• Que comenzando con Usted y yo, hemos llegado a un acuerdo de reunirnos cada tres meses y eventualmente crear un comité que continuará el diálogo que comenzamos esta noche.